A través de una ley se reguló desde este jueves la comercialización y reparación de los aparatos electrónicos usados de telefonía, sus repuestos o partes a fin de desalentar el robo de celulares y su ingreso al mercado negro. Contempla además la creación de un sistema público, online y gratuito de seguimiento de la actividad con sanciones económicas, que van de los 18 mil a los 90 mil pesos, y clausuras por incumplimiento.
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